En este organismo (GAFI) se hallan comprometidos 204 países, que se someten a una evaluación mutua cada diez años, correspondiendo a Paraguay mostrar sus avances este y el próximo año. Entre los temas a analizar se encuentra la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en materia de lucha contra el contrabando, lavado y corrupción durante los últimos años.
Clave para llegar a grado inversión
Para cumplir con los estándares de GAFI, el Ejecutivo nacional presentó en noviembre de 2018 al Congreso un paquete de 12 medidas enfocadas a combatir delitos como el contrabando y la corrupción, que están siendo analizadas por ambas cámaras y sus distintas comisiones. “Éstas buscan mejorar la imagen país, aumentar la inversión extranjera y el comercio internacional, y son necesarias para lograr el clima atractivo y alcanzar el grado de inversión”, según la titular de la SEPRELAD.
La ministra auguró “la pronta aprobación de las leyes” e instó a seguir trabajando entre todas las entidades “y lograr así el resultado de fortalecer la economía nacional, mejorar la confianza y la credibilidad del país frente a la comunidad internacional”.
Entre las leyes más importantes se encuentran la de la “lucha contra el financiamiento del terrorismo” y otra “contra los delitos precedentes del lavado de dinero”. La autoridad destacó que con estos proyectos, además de otras medidas que ya se están impulsando, se cumplen las recomendaciones planteadas por el GAFI.
Medidas para aumentar la transparencia
González indicó que el sector privado tiene un papel fundamental en este nuevo reto que le toca al país, ya que en lo relacionado a las normas de prevención de lavado de dinero, el trabajo que se realiza “es bastante destacable atendiendo la buena predisposición que existe y la coordinación entre las instituciones públicas y privadas”.
Agregó que como país “estamos en un proceso de disminución del riesgo. Hay mucha conversación ya que (las instituciones) son parte importante del sistema y, como sujetos obligados, es vital su rol de colaboradores”.
Para la ministra allí radica la importancia de que las entidades se sientan protegidas por la SEPRELAD, de manera que exista confianza en cooperar y trabajar en coordinación ante algún hecho, porque pueden sufrir amenazas.
Asimismo la institución, en el marco de otra de las recomendaciones por la que será evaluado el país, busca aumentar su presencia en el sistema con la participación ciudadana, y contar con una plataforma de denuncias sobre informaciones sospechosas.
“Funcionará de manera anónima, permitirá generar un listado y antecedentes a medida que se colabore con información que chequearemos. El sistema protegerá al ciudadano y nos ayudará a que los sujetos obligados hagan las debidas diligencias sobre cuentas sospechosas, por ejemplo”, recalcó la secretaria de Estado.
Enfatizó que esto se da como respuesta a que la corrupción es una de las vulnerabilidades más importantes para el lavado, y esta herramienta servirá para tener aliados ciudadanos en su trabajo como contralores.
Exigencias incluyen necesidad de tecnología
La Dra. González comentó de una inversión que se realizó para la compra de un software para que los controles de reportes sean más sofisticados y se tenga una mejora en la respuesta ante las operaciones sospechosas.
“Con este sistema podremos ser más selectivos al detectar las operaciones fraudulentas, porque complementará con los controles técnicos. La expectativa es poder tenerlo disponible para octubre”, expresó.
La ministra resaltó que una de las exigencias del GAFI habla específicamente de contar con una unidad de inteligencia financiera, a lo que apunta a convertirse la SEPRELAD, señaló. Para ello deberá estar en condiciones de poder cumplir con estas funciones incorporando tecnología e inteligencia.
Entre las normativas que van de la mano con las acciones exigidas por el GAFI también se encuentra el proyecto sobre “jueces y fiscales especializados”, que va camino a su aprobación. “Existen unas 40 recomendaciones que serán evaluadas y que son obligatorias”, indicó la representante del gobierno.
Evaluación GAFI
El calendario de la evaluación marca que Paraguay contará con un plazo de seis meses para completar los primeros formularios y remitirlos a GAFI hasta diciembre de este año. Los evaluadores del Grupo lo corroborarán en su visita al país, prevista entre marzo y mayo de 2020.
El informe final sobre Paraguay se decidirá el 3 de diciembre de 2020, en el pleno de GAFILAT, rama regional de GAFI. El país tendrá un plazo para cumplir con las recomendaciones que puedan surgir a raíz de la evaluación, de ser necesario. Para- guay ya conoce las repercusiones de estar en la Lista Gris entre 2008 y 2012, por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de dinero.
En una de las más recientes acciones, la SEPRELAD estableció un mecanismo para la declaración obligatoria de envíos de fondos al exterior que estén relacionados a operaciones comerciales. Esta es una medida que deben cumplir las entidades del sistema financiero en casos de transferencias de fondos al exterior en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.