Plataforma País

Establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero, cuya finalidad es acrecentar la producción de bienes y servicios, crear fuentes de empleo permanente, fomentar las exportaciones y sustituir las importaciones. Entre sus beneficios se destacan: exoneración total de los tributos fiscales y municipales, envío y transferencias de dividendos, sobre los gravámenes aduaneros y los equivalentes sobre la importación de bienes de capital.

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas en las que impera un régimen aduanero distinto al del resto del territorio de un país (territorio aduanero). Por lo general, las zonas francas gozan de ciertos beneficios tributarios, como el no pago de impuestos a la importación. Los principales objetivos de las zonas francas en el Paraguay son: desarrollar centros de negocios, evitar el contrabando y la piratería, y aumentar la competitividad de las exportaciones.

La Ley 1064/97 creó el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), cuyo fin es promover el establecimiento de empresas maquiladoras y regular sus operaciones. Estas empresas incorporan mano de obra y otros recursos nacionales y se dedican a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de mercaderías de procedencia extranjera importadas temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior, en ejecución de un contrato suscrito con una empresa domiciliada en el exterior. El Decreto 9585/2000 reglamenta éste régimen.

El objetivo de este régimen es fomentar la importación de materias primas e insumos que no se produzcan en el país. Para la obtención de la certificación se deben cumplir ciertos requisitos como ser: la materia prima no debe conseguirse en el interior del país, el monto de la importación no debe ser inferior a USD 1.500. El beneficio de este régimen es la aplicación de un arancel aduanero de 0% a la importación de materias primas, siempre que se demuestre que son utilizadas en los procesos productivos.

Es una ley de incentivos fiscales a la inversión de capital de origen nacional y extranjero con la finalidad de promover y estimular la fabricación y/o ensamble de vehículos motorizados y no motorizados, autopartes y autopiezas en general. Además tiene como objetivo contribuir en mejorar la competitividad, crear fuente de trabajo, facilitación y transferencia de tecnología, entre otros.

Tiene por objeto establecer normas y mecanismos para promover a través de la participación público privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios a que las mismas estén destinadas o sean complementarios a ellas, así como en la producción de bienes y prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas públicas y sociedades en las que el Estado sea parte.

Establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N° 1045/83 “Que establece el Régimen de Obras Publicas”

Establece incentivos para la producción, desarrollo o ensamblaje de bienes de alta tecnología, las cuales se aplicarán a los sectores dedicados a producir, desarrollar y/o ensamblar bienes de alta tecnología en las áreas electrónica, telecomunicaciones e informática.

El objeto es establecer el marco regulador de los parques industriales en cuanto a su creación, promoción, construcción y funcionamiento en armonía en el medio ambiente, así como fomentar su establecimiento y desarrollo mediante incentivos y otras ventajas, a fin de expandir la actividad industrial y contribuir con el progreso económico y social de la República.

La presente Ley se ajusta a las políticas nacionales de integración y complementación energética regional, la diversificación de las formas de energía disponibles para el desarrollo sustentable, la apropiación de nuevas tecnologías en materia de abastecimiento a largo plazo, aplicando las medidas de mitigación de impacto ambiental que correspondan.

Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural en el territorio de la República, son bienes de dominio del Estado y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado podrá conceder la prospección, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos por tiempo limitado.